California vs Pepsi, Nestlé, Kellogg y Otras Ocho: La Demanda que Sacude a los Ultraprocesados

Once de las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo enfrentan una demanda que pone bajo escrutinio el modelo económico de los ultraprocesados. El caso, presentado en Estados Unidos, no se centra en un producto específico, sino en prácticas empresariales replicadas a escala global —incluidos mercados como México.

Coca-Cola, Conagra, General Mills, Kellanova, Kellogg, Kraft Heinz, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo y Post figuran en la demanda presentada el 12 de diciembre de 2025 por el Fiscal de San Francisco, David Chiu. En México, estas compañías tienen un peso tangible: de acuerdo con SiiLA, concentran alrededor del 27% del área industrial ocupada por la industria de alimentos y bebidas, un segmento que, según datos del INEGI, aporta casi el 2% del PIB nacional.

El documento del fiscal estadounidense sostiene que una parte relevante de la industria habría diseñado productos y estrategias para estimular el consumo compulsivo, mediante marketing orientado a moldear hábitos desde la infancia y una arquitectura comercial que traslada los costos de ese comportamiento —en salud, productividad y gasto público— al sistema en su conjunto.

Para Oliver Galindo, abogado especializado en derecho regulatorio, el punto crítico no está en el debate nutricional, sino en el estándar corporativo que el caso podría consolidar.

“Cuando se demuestra que una empresa conocía los efectos nocivos de un producto y, aun así, estructuró su comercialización para ampliar su consumo, el problema deja de ser sanitario y se vuelve jurídico”, explica. En ese marco, el litigio no cuestiona la venta de un producto legal, sino un modelo de operación que internaliza beneficios y externaliza daños de manera sistemática. Es un criterio que ya transformó industrias como la del tabaco, los opioides o las pinturas con plomo, y que ahora se extiende al negocio de los ultraprocesados.

Si el caso avanza, el impacto no se medirá solo en tribunales, sino en el cálculo de riesgo de toda la industria. La demanda introduce la posibilidad de que prácticas hoy comunes —desde formulación hasta mercadotecnia— empiecen a ser evaluadas bajo estándares legales más estrictos, con implicaciones directas en costos, seguros, disclosure y valuación de marcas globales, incluso en mercados donde la regulación ha sido históricamente más laxa.

En el caso de México, el precedente relevante no sería el litigio en sí, sino la evidencia que emerja del proceso.

Según Galindo, la fortaleza del sistema estadounidense reside en su capacidad para forzar la revelación de información interna, someter a ejecutivos a interrogatorios y desahogar pruebas científicas bajo estándares rigurosos. Si el juicio en San Francisco documenta conocimiento previo de los daños y decisiones deliberadas para sostener la comercialización, ese material podría ser aprovechado por autoridades y demandantes en otros países —incluido México— sin necesidad de reconstruir los hechos desde cero.

El traslado de ese precedente a México, sin embargo, no sería automático. Galindo advierte que el desafío sería sostener el mismo rigor probatorio y jurídico. Sin ese rigor, el precedente no se traduciría en responsabilidad efectiva, sino en un gesto sin consecuencias reales, en un país donde el impacto económico del consumo de ultraprocesados ya está documentado

De acuerdo con el Banco de México, el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado de forma sostenida durante las últimas dos décadas y hoy representa cerca de una tercera parte del consumo calórico total de los hogares, con un crecimiento particularmente acelerado en regiones como el sur del país. El propio banco central advierte que este patrón no solo tiene implicaciones sanitarias, sino económicas: menor productividad laboral, deterioro del capital humano y mayor presión sobre el gasto público en salud.

En ese contexto, para empresas cuyo valor depende de marcas globales, cadenas de suministro extensas y acceso permanente a capital, el debate ya no es regulatorio ni reputacional, sino estructural: cuánto cuesta —y quién paga— cuando un modelo de negocio empieza a ser evaluado no solo por su rentabilidad, sino por sus externalidades económicas de largo plazo.

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