El Nuevo Dilema Fiscal del E-commerce Mexicano: Recaudar sin Frenar la Industria

El comercio electrónico —junto con la manufactura exportadora— ha sido uno de los grandes catalizadores del auge industrial mexicano en la última década. Lo que comenzó con bodegas, robots y kilómetros de estanterías, ahora enfrenta un cambio menos visible pero más decisivo: el fiscal, con un Paquete Económico 2026 que eleva las retenciones para las plataformas digitales y, con ello, el costo de operar en el canal que sostiene buena parte de la demanda logística del país.

Mercado Libre —el inquilino con mayor expansión nacional en 2025, según SiiLA— ya advirtió que el incremento en las retenciones —que son pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales derivados de la venta de bienes o la prestación de servicios— “representa una carga desproporcionada para emprendedores que operan con márgenes reducidos” y podría presionar los precios en los canales digitales.

El ajuste no crea nuevos impuestos, sino que incrementa el porcentaje de retención que aplican las plataformas en cada transacción. Hoy, una persona registrada ante el SAT que ofrece productos en línea ve retenido alrededor del 9% de cada operación —1% de ISR y 8% de IVA—. Con el nuevo esquema, esa retención subiría a 10.5% para personas físicas y a 12% para empresas.

La diferencia parece mínima, pero implica menos liquidez inmediata para los vendedores. Esto se debe a que, tras cada venta, sitios como Amazon o Mercado Libre deberán retener una fracción mayor de los montos de venta para entregarla directamente al SAT. Como consecuencia, el flujo disponible para los vendedores se reduce en el corto plazo, aunque parte de ese dinero pueda acreditarse o recuperarse más adelante al presentar su declaración.

La menor liquidez no solo afecta la solvencia de los vendedores, sino el ritmo de todo el ecosistema. En un mercado que opera a base de rotación —venta, envío y reposición—, cada peso retenido reduce la capacidad de pago de costos diarios —inventario, transporte, salarios o publicidad—, sobre todo en micro, pequeñas y medianas empresas, lo que puede ralentizar el ciclo económico.

Para sostener márgenes, muchos vendedores podrían trasladar parte del costo al consumidor final, generando presiones sobre los precios en los canales digitales. En consecuencia, podría surgir una inflación inducida por liquidez fiscal, que se sumaría a la generada por la política monetaria. Sin embargo, el mayor riesgo está en la inversión: con menos flujo disponible, muchas empresas podrían reducir o posponer la expansión de su infraestructura, lo que a su vez desaceleraría la demanda de espacios industriales y logísticos de última milla.

Los impuestos, empero, no siempre detienen a los mercados, aunque sí alteran sus ritmos. Y en un entorno donde el tiempo vale tanto como el espacio, la liquidez es el combustible invisible de la industria. Por eso, el desafío no está solo en cuánto recauda el Estado, sino en cuándo lo hace: cobrar antes puede parecer eficiente, pero si reduce la velocidad del sistema, también redefine los límites de su crecimiento. La pregunta de fondo es si el Estado puede recaudar sin ralentizar el movimiento de una industria —el comercio digital— que hoy sostiene buena parte de su economía productiva.

Actualmente, el comercio electrónico de bienes y servicios representa alrededor del 6% del PIB nacional. Y según datos de SiiLA Market Analytics, las 30 principales empresas de e-commerce en México ocupan cerca de 3.7 millones de metros cuadrados industriales, equivalentes a una cuarta parte de la industria de productos de consumo ampliada, que también incluye a sectores como electrónica, artículos para el hogar, cuidado personal y moda, donde se concentra buena parte de la actividad del comercio digital en el país.

La estrategia del fisco mexicano no es un caso aislado. Desde 2020, India obliga a los marketplaces a retener una parte de las ventas, con efectos documentados en liquidez y capital de trabajo; y desde este año, Turquía aplica una retención del 1% en pagos de comercio electrónico, con ajustes operativos y presión sobre estrategias de canal. La evidencia comparada es consistente: según la OCDE, los esquemas de retención pueden agilizar la recaudación, reducir la evasión y fortalecer el control tributario, pero también generar presiones de caja si no se acompañan de devoluciones ágiles; y de acuerdo con el Banco Mundial, reducir las retenciones mejora el flujo de efectivo de las empresas, aunque no necesariamente se traduce en más inversión o crecimiento en el corto plazo.

Lo anterior implica que la preocupación de firmas como Mercado Libre es legítima: buena parte del ecosistema de comercio digital en México está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas que podrían enfrentar tensiones de liquidez ante mayores retenciones. Sin embargo, el problema no es la medida, sino lo que la acompañe. Si se deja sola —sin mecanismos de devolución ágiles, acceso a crédito o incentivos de formalización—, las presiones serán más operativas que estructurales, pudiendo limitar la expansión de muchas empresas. Y eso, a la larga, sería un tiro en el pie para el propio fisco, porque frenar la capacidad de crecimiento productivo reduce también la base de recaudación. Para evitarlo, será indispensable que el Estado complemente la política fiscal con instrumentos que mantengan el flujo de capital en el sistema productivo. Solo así podrá recaudar más sin ahogar al motor que hoy sostiene a la industria.

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