El sector de la construcción en México enfrenta una de las peores sequías de capital foráneo en casi dos décadas, según la Secretaría de Economía. En 2024, la inversión extranjera directa (IED) en este rubro registró un déficit de 1,970.5 millones de dólares, una salida neta de capital sin precedente en al menos diecinueve años. La mayor parte de esta fuga proviene de las obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones, donde el saldo negativo alcanzó 2,465 millones de dólares, la peor pérdida en la historia reciente del sector.

Pero ¿qué significa realmente un déficit en inversión extranjera directa? En términos simples, que más dinero salió de México del que entró. Las empresas extranjeras con operaciones en el país optaron por retirar capital en lugar de reinvertirlo, ya sea repatriando utilidades, vendiendo activos o abandonando proyectos. Y esto no es solo un número en un balance de pagos; es el reflejo de un entorno que ha complicado la inversión en infraestructura. La incertidumbre regulatoria, los cambios en las reglas del mercado y la falta de incentivos han deteriorado, al menos temporalmente, la confianza de los inversionistas.

La desaceleración de nuevas inversiones y reinversiones en infraestructura en México ocurre a la sombra de varios sucesos que han minado la certidumbre en sectores estratégicos. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad sobre los productores privados, ilustra cómo un cambio en las reglas del juego puede impactar no solo a las compañías que operan en el país, sino también a los grandes fondos de inversión que buscan estabilidad y previsibilidad a largo plazo. La falta de claridad en torno a futuras regulaciones ha hecho que muchas firmas reconsideren su presencia en el país.

Pero la regulación no es el único problema. México ha experimentado un cambio en las prioridades de inversión pública. Proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas han concentrado recursos y licitaciones, desplazando la atención de otras áreas críticas como el suministro de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. En un entorno donde la inversión del gobierno es clave para detonar la inversión privada, la falta de proyectos complementarios ha reducido los incentivos para que el capital extranjero se mantenga. A esto se suma que, el año pasado, México enfrentó un déficit fiscal del 5.9% del PIB, en parte por la conclusión de megaproyectos y el aumento del gasto social, lo que ha comprimido, aún más, el margen de maniobra para nuevas inversiones en infraestructura.

Además, hay un factor global: la política monetaria restrictiva en Estados Unidos y otras economías desarrolladas ha elevado las tasas de interés, encareciendo el financiamiento para inversiones de largo plazo. Antes, México competía con otros destinos por capital barato; hoy, enfrenta un entorno donde muchos inversionistas prefieren refugios más seguros y con menor riesgo regulatorio.

Sin embargo, esto no significa que México haya dejado de ser un destino atractivo para la inversión extranjera en su conjunto. Otros sectores siguen recibiendo capital foráneo, y el país conserva ventajas estratégicas que lo mantienen como un mercado clave en América Latina. Incluso en infraestructura y construcción, la caída de inversión en 2024 no necesariamente indica un declive estructural, sino un ajuste que podría revertirse conforme mejoren las condiciones del mercado y la percepción de estabilidad.