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A finales de 2025, Estados Unidos amplió de 50 a 60 su lista de minerales críticos para su economía y seguridad nacional. Entre las nuevas incorporaciones estaban el cobre, la plata y el plomo, tres metales que México lleva décadas extrayendo¹. Con ese cambio, Washington no necesitó convertir a su vecino en un país de tierras raras, pues al redefinir qué considera crítico, una parte importante de la minería mexicana adquirió una nueva relevancia estratégica.
La dimensión de ese cambio aparece al mirar el subsuelo mexicano. De 1,193 proyectos mineros identificados en el país, 988 —82.8%— contienen al menos uno de los minerales incluidos actualmente en la lista estadounidense. Sin embargo, esa coincidencia geológica no equivale todavía a capacidad productiva, ya que sólo 96 de esos proyectos se encuentran en operación².
El traslape tampoco depende principalmente de minerales poco habituales en la minería mexicana. Plata, cobre, zinc y plomo encabezan por amplio margen la presencia entre los proyectos analizados. Buena parte de la coincidencia entre el mapa minero del país y las prioridades estadounidenses proviene, por tanto, de metales que México ya extrae tradicionalmente.
La reclasificación comenzó a tener consecuencias políticas pocos meses después de ser anunciada. En febrero de 2026, México y Estados Unidos acordaron un plan de acción para identificar minerales críticos de interés común y coordinar políticas destinadas a fortalecer sus cadenas de suministro. Entre las medidas planteadas está incluso explorar precios mínimos ajustados en frontera para determinados minerales, con la posibilidad de incorporarlos posteriormente a un acuerdo plurilateral vinculante.
El acercamiento ocurre mientras Washington busca reducir la vulnerabilidad de cadenas que considera esenciales para su industria y defensa. Para México, la discusión adquiere una dimensión distinta, tomando en cuenta que no se trata únicamente de poseer minerales que Estados Unidos considera estratégicos, sino de cuánto de ese potencial puede convertirse en producción y conectarse con las cadenas industriales de ambos países.
Actualmente, la actividad minera representa alrededor del 3.3% del PIB mexicano y abastece a 123 ramas de la economía³. En el mercado inmobiliario industrial, esa presencia también es visible: las empresas clasificadas por SiiLA dentro de minería, metalurgia y acero ocupaban alrededor de 3.43 millones de metros cuadrados al segundo trimestre de 2026, equivalentes a 3.4% del área bruta rentable industrial ocupada en los principales mercados del norte, centro y Bajío del país.
No obstante, una mayor actividad minera no necesariamente implica una mayor ocupación de espacio industrial. Entre 2020 y 2026, un aumento de 1% en el PIB minero se asoció, en promedio, con un crecimiento de alrededor de 0.17% en el espacio ocupado por empresas del sector un año después⁴. Para el sector minero, esto refleja que el crecimiento de la actividad puede ocurrir sin una expansión proporcional del espacio industrial que ocupan sus empresas.
Que esa relación cambie dependerá, en parte, de lo que ocurra con los proyectos que hoy se encuentran fuera de la etapa de operación. De los 988 vinculados con minerales críticos para Estados Unidos, 892 se encuentran en otras etapas y buena parte permanece en fases previas. Entre ellos, 255 están en exploración, 189 en definición de blancos, 155 corresponden a áreas prospectivas iniciales y 101 se encuentran en desarrollo de reservas.
La nueva relevancia estratégica del subsuelo mexicano, por tanto, no equivale todavía a nueva capacidad productiva, y lo que ocurra con esos proyectos determinará cuánto de ese valor permanece bajo tierra y cuánto logra salir de ella. La oportunidad podría estar no sólo en extraer más minerales, sino en lograr que recorran una mayor parte de su cadena productiva antes de salir de México, de manera que la cooperación con Estados Unidos impulse, junto con la producción primaria, actividades posteriores de procesamiento, transformación y manufactura. Una cadena más extensa dentro del país podría, a su vez, modificar la lógica de localización de algunas inversiones, al acercar nuevas capacidades a los puntos donde convergen minerales, infraestructura, energía y acceso a los mercados, y permitir que el valor del subsuelo multiplique también su huella sobre la superficie.
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¹ Los 10 minerales incorporados a la lista de 2025 respecto de la de 2022 fueron boro, cobre, plomo, carbón metalúrgico, fosfato, potasa, renio, silicio, plata y uranio. Fuente: U.S. Geological Survey.
² Elaboración propia con información del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), Dirección General de Desarrollo Minero, y del U.S. Geological Survey (USGS), 2025 List of Critical Minerals. Se consideraron asociados a minerales críticos los proyectos que reportan al menos un mineral incluido en la lista del USGS. Para los proyectos en operación se consideró, adicionalmente, la etapa reportada como “Operando” en el SINEM.
³ Cálculo propio con información del INEGI, Producto Interno Bruto trimestral por actividad económica, series desestacionalizadas a precios de 2018, 2T26; y CIDE-CAMIMEX, Relevancia del sector minero mexicano en el desarrollo económico nacional (2025).
⁴ Elaboración propia con información trimestral del INEGI y SiiLA para el periodo 3T20–2T26. Para la actividad económica se utilizó la serie desestacionalizada del PIB de Minería del INEGI, expresada a precios constantes de 2018. Para el mercado inmobiliario se utilizó el ABR ocupado por empresas clasificadas por SiiLA dentro de Minería, Metalurgia y Acero en ocho mercados industriales con información comparable durante todo el periodo: Aguascalientes, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí y Tijuana. Las series se homologaron a frecuencia trimestral y el análisis se realizó sobre primeras diferencias logarítmicas, en lugar de los niveles, ante la evidencia mixta obtenida en pruebas de estacionariedad ADF y KPSS. Se estimaron relaciones contemporáneas y con rezagos de uno a cuatro trimestres mediante regresiones lineales. La asociación a cuatro trimestres presentó un coeficiente de 0.172 con errores robustos Newey-West (IC 95%: 0.030–0.315; p=0.020); los rezagos de cero a tres trimestres no resultaron estadísticamente significativos. Se realizaron pruebas adicionales con errores HC3 y distintas especificaciones de Newey-West, así como modelos de rezagos distribuidos y de dirección inversa. Debido al tamaño reducido de la muestra, la evaluación de múltiples rezagos sin corrección por comparaciones múltiples y la sensibilidad de algunas especificaciones, el resultado se interpreta como una asociación estadística exploratoria dentro del periodo analizado y no como evidencia de causalidad.











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