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La reducción de la jornada laboral en México es una medida orientada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Al mismo tiempo, plantea desafíos significativos para el sector privado, incluyendo sectores productivos como la construcción, lo que podría tener repercusiones en el mercado inmobiliario comercial, donde los aumentos en los costos operativos y un paulatino proceso de inflación podrían repercutir en los precios de los inmuebles y en la competitividad de las empresas. Por ello, este cambio requerirá un estratégico y cuidadoso proceso de adaptación por parte de los actores involucrados.
Desde hace unos meses, las bancadas de la Cámara Baja del Poder Legislativo de México han estado discutiendo una reforma a la fracción IV del apartado A del Artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Esta enmienda, que aún debe ser votada en el pleno, no sólo busca acortar la semana laboral, sino también aumentar los días de descanso obligatorio de uno a dos por semana. Pero, ¿qué implicaciones podría tener esto para el sector de la construcción y el mercado inmobiliario comercial en México?
Los datos son reveladores. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en el primer trimestre de 2023, los trabajadores del sector de la construcción laboraron en promedio 51 horas semanales. La reducción propuesta a 40 horas no implicaría una disminución en los salarios, ya que se plantea trabajar menos horas por el mismo sueldo. De este modo, el tiempo extra comenzaría a pagarse a partir de la hora 40, en lugar de la 48, como ocurre en la actualidad.
Sin embargo, aquí es donde surgen las primeras preocupaciones del sector privado. De acuerdo con El Economista, un análisis realizado por AON señala que las empresas tendrían que aumentar su plantilla entre un 13% y un 15% para mantener los niveles de producción bajo el nuevo límite legal de horas por semana por trabajador. Esto podría generar una mayor demanda de personal y, en consecuencia, un aumento en los costos operativos.
Por su parte, durante los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma al Artículo 123 de la Constitución, algunos representantes del sector empresarial señalaron que esta reforma podría afectar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) en México, poniendo en riesgo su viabilidad. Asimismo, señalaron que, de ser aprobada la reforma, la necesidad de abrir nuevos turnos de trabajo y contratar a más personal para cubrir las horas extra y los días de descanso obligatorio podría generar un efecto inflacionario de entre un 15% y un 40%. Esto afectaría a industrias como la de la construcción, y por ende, el precio de los inmuebles.
Pero, ¿qué pasa con el mercado inmobiliario comercial? En un contexto en el que de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) del Inegi los precios de los materiales para la construcción ya habían aumentado casi un 35% entre agosto de 2020 y agosto de 2023 en México, cualquier incremento adicional en los costos podría afectar significativamente a los inversionistas y empresarios del sector inmobiliario comercial. Esto podría llevar a una mayor presión sobre los precios y la rentabilidad en el mercado, lo que podría dificultar la inversión y el crecimiento de este sector.
La reducción de la jornada laboral en México plantea importantes beneficios laborales y considerables desafíos tanto para la construcción como para el mercado inmobiliario comercial, y requerirá una cuidadosa planificación y adaptación por parte de las autoridades y de las empresas involucradas para mantener su competitividad y viabilidad en un entorno cambiante.
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