The Expansion of Gran Sur Shopping Center: Urban and Environmental Controversies in Mexico City

En la Ciudad de México, el centro comercial Gran Sur, ubicado en Coyoacán, ha estado en el foco de una polémica urbanística y ambiental tras una serie de decisiones gubernamentales que permitieron su construcción a finales de la década de los noventa y su posterior ampliación en medio de la pandemia de COVID-19.

Gran Sur incluye un área construida cercana a los 143,000 metros cuadrados en un predio de más de 110,000 metros cuadrados, según datos de SiiLA. Este centro comercial con 116 locales, de los cuales 108 están ocupados, fue ampliado a pesar de contar con una serie de irregularidades legales desde su construcción hace 25 años.

Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) informó que en 2022 autorizó una significativa expansión de 43,900 metros cuadrados a favor de la empresa Promotora Mar y Cielo, que administra el centro comercial, bajo un acuerdo destinado a revitalizar la economía mediante la construcción en arterias principales de la ciudad.

Este acuerdo, instaurado en 2021, buscaba facilitar la realización de proyectos que promovieran el desarrollo económico en respuesta a los retos impuestos por la pandemia. No obstante, a pesar de las intenciones de reactivación económica, la implementación ha estado plagada de irregularidades y omisiones que levantan cuestionamientos sobre la gestión y supervisión de estas políticas.

Promotora Mar y Cielo debía cumplir con diversas condiciones, incluyendo las medidas de mitigación ambiental e integración urbana, antes de un plazo determinado. Sin embargo, no lograron adherirse a los requisitos ambientales necesarios, lo que llevó a la SEDUVI a cancelar el registro del Acuerdo de Facilidades en abril de 2023. Adicionalmente, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) impuso una multa de más de 5.2 millones de pesos por los daños ambientales causados, evidenciando una falta de cumplimiento que ha complicado más la situación.

El proceso de ampliación del centro comercial también ha revelado una falta de supervisión adecuada en etapas anteriores del desarrollo de Gran Sur. Según informó la SEDUVI, debido a que la compañía aún no ha cumplido con diversos requisitos normativos que datan de 1999, “el proceso está en una minuciosa revisión”.

De acuerdo con información difundida en medios de comunicación nacional y documentos oficiales, las irregularidades relacionadas con el centro comercial Gran Sur incluyen 18,000 metros cuadrados construidos sin los permisos necesarios y el incumplimiento de un acuerdo durante más de dos décadas para donar el 10% del predio donde está el desarrollo, con la finalidad de destinarlo como reserva territorial de la ciudad. Estas faltas, junto con la expansión no regulada, reflejan una serie de desafíos en la gestión de desarrollo urbano y territorial.

Además de estas irregularidades, el proyecto de ampliación de Gran Sur también enfrenta problemas significativos documentados por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), entre ellos, la superación de los límites de construcción permitidos en 1997 y el incumplimiento de las zonas libres reglamentarias. Según las investigaciones de la PAOT iniciadas por quejas de los vecinos, el proyecto exageró las dimensiones del terreno, lo que llevó a un uso indebido de las densidades permitidas. El desarrollo, dividido en dos fases, supuso la demolición de estructuras en el estacionamiento para construir una nueva área de almacenamiento y la expansión del núcleo central del centro comercial para añadir nuevos locales comerciales y oficinas. Este proceso también incluyó incumplimientos de impacto ambiental, tala ilegal de árboles en el sitio y construcciones adicionales no autorizadas en el complejo habitacional adyacente.

La situación de Gran Sur no sólo ilustra las dificultades de aplicar políticas de desarrollo en circunstancias excepcionales como una pandemia, sino también destaca la necesidad de un marco de actuación más riguroso y transparente por parte de las autoridades. La falta de cumplimiento de normas básicas de construcción y ambientales pone en riesgo no sólo la legalidad de los proyectos, sino también el bienestar urbano y ambiental de la ciudad.

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