Mexico Under Commercial Fire: How U.S. Tariffs Are Reshaping Nearshoring

De todas las economías afectadas por el proteccionismo estadounidense, México es la más vulnerable: el 82% de sus exportaciones dependen de Estados Unidos, y generan casi una tercera parte de su Producto Interno Bruto (PIB).

Con el arancel, industrias clave como la automotriz y de electrónicos —que abarcan el 36% del espacio industrial a nivel nacional, según SiiLA— podrían perder competitividad. Fitch Ratings y Tax Foundation advierten que, en el mejor de los casos, el PIB mexicano caería 0.8 puntos hacia 2026, pero en el peor, el país entraría en recesión en 2025, con una contracción de hasta 3.1 puntos, una caída del 20% en la inversión extranjera directa (IED) y la pérdida de al menos 131,000 empleos.

Además, la inflación aumentaría lo suficiente como para que ni siquiera una depreciación del peso lograra amortiguar el encarecimiento de las exportaciones. Y así, sin margen fiscal para responder con estímulos, México enfrentaría un golpe estructural que no solo comprometería su estabilidad financiera, sino que debilitaría su posición como hub manufacturero en Norteamérica, justo antes de la renegociación del T-MEC en 2026.

Estados Unidos tampoco vería grandes beneficios. El proteccionismo no lo reindustrializará, pero sí encarecerá su economía, ya que gran parte de su industria depende de insumos mexicanos y chinos, sobre todo para los sectores automotor, de bienes de capital y tecnología. Al respecto, Tax Foundation estima que, con los aranceles, el PIB estadounidense caerá un 0.2% en 2025. Sin embargo, el Banco de la Reserva Federal en Atlanta indicó que el golpe sería mayor: en el primer trimestre, el crecimiento podría contraerse hasta 1.5% anualizado, afectado por la caída del consumo y el adelantamiento de importaciones previo a los aranceles.

De hecho, los efectos de la incertidumbre en el mercado ya son notorios. Según el Departamento de Comercio estadounidense, el gasto de los hogares cayó 0.2% en enero, la mayor contracción desde 2021, y las empresas ya han comenzado a subir precios y recortar empleos.

En adelante, la Tax Foundation estima que los nuevos impuestos a las importaciones mexicanas y chinas detonen una inflación moderada de entre 200 y 300 dólares anuales por hogar, equivalentes a aumentos de entre 0.3% y 0.5%, lo que, sumado a presiones preexistentes, podrían generar estanflación (menor crecimiento con precios más altos).

Aunque los aranceles generan ingresos fiscales, la caída en la inversión y el consumo podría anular cualquier beneficio. A nivel global, el liderazgo comercial de Estados Unidos ya enfrenta presiones por las represalias de China valoradas en 13.9 mil millones de dólares —equivalentes a un 15% sobre importaciones estadounidenses— y las posibles contramedidas de la Unión Europea.

En última instancia, sin un plan efectivo para sustituir importaciones sin afectar a sus “socios” comerciales, los aranceles no solo no cumplirán su objetivo de fortalecer la economía interna de Estados Unidos, sino que amenazan lo que deberían proteger: la competitividad, la producción y el empleo.

A pesar de las tensiones, es improbable que Estados Unidos pretenda desestabilizar por completo a México. Al contrario, su principal socio comercial sigue siendo una pieza clave en su estrategia económica y geopolítica. La intención de la administración Trump no es —como ya se dijo— llevarse toda la producción al otro lado de la frontera, sino frenar la influencia china y forzar a México a alinearse en temas como migración, fentanilo y seguridad económica regional.

Si bien en los últimos años México capitalizó áreas grises del T-MEC para atraer inversiones chinas que indirectamente abastecen a Estados Unidos, hoy Washington intenta encapsular la influencia china en Occidente y, al mismo tiempo, aprovecharla para fortalecer su desarrollo tecnológico e industrial.

Pero impulsar el desarrollo en una economía regionalizada en Norteamérica enfrenta barreras más altas incluso que las que se han levantado en las fronteras: la inseguridad, que impacta la inversión y el comercio; la informalidad laboral y la falta de competencia de la mano de obra, un factor central detrás de la migración; y la crisis del fentanilo, una epidemia que, según el Congreso de Estados Unidos, es responsable de más de 70,000 muertes anuales por sobredosis, alimentada por precursores químicos provenientes en su mayoría de China y traficados a través de México por los cárteles.

Sin embargo, la realidad es que ambos países se necesitan más de lo que pueden castigarse. México difícilmente enfrentará un colapso: su crecimiento podría desacelerarse, pero no desmoronarse. De hecho, una mayor estabilidad interna y el fortalecimiento de la aplicación del T-MEC podrían generar efectos inesperadamente positivos, incentivando inversión en sectores menos dependientes de exportaciones y fortaleciendo el mercado interno.

Asimismo, fortalecer la seguridad pública podría impulsar la economía. Diversos estudios y análisis indican que la reducción de la delincuencia puede estimular significativamente la inversión.  En el caso específico de México, se ha observado que, en promedio, un incremento del 1% en la tasa de homicidios reduce la IED en 0.28% al cabo de cinco trimestres. El impacto no es menor: en sectores estratégicos como manufactura avanzada y logística, la inversión se multiplica cuando hay estabilidad y certeza jurídica.

En este contexto, los aranceles probablemente no sean permanentes. Si bien las tensiones seguirán en el corto plazo, la historia sugiere que estas barreras comerciales suelen flexibilizarse o eliminarse gradualmente, en especial si terminan afectando a las propias empresas estadounidenses. Por ello, más que el cierre de una oportunidad, este episodio marca un ajuste de juego: uno donde México y Estados Unidos redefinen sus términos de colaboración, con el nearshoring, la seguridad y la estabilidad económica en el centro del tablero.

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