Estados Unidos amenaza con volver a degradar la categoría aérea de México, no por seguridad —como hace cuatro años— sino por supuestamente incumplir el acuerdo bilateral de transporte. El motivo: el traslado forzado de todas las operaciones exclusivas de carga del AICM al AIFA en 2023, una decisión unilateral del gobierno mexicano que —según Washington— elevó costos, entorpeció rutas y afectó la competitividad logística de las aerolíneas estadounidenses.

El desacuerdo técnico tiene implicaciones comerciales profundas: la degradación a “categoría 2” frenaría la expansión de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y entorpecería cadenas logísticas que dependen de velocidad, sincronía binacional y acceso fluido a los principales hubs de carga del continente.

El impacto alcanzaría a más de una decena de compañías mexicanas con rutas de carga aérea entre ambos países, que representan el 1% de los inquilinos industriales y el 2% del área bruta rentable en los sectores de empaque, transporte y logística, según SiiLA. Entre ellas destacan Estafeta, Grupo Logistics y Redpack. Además, aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús podrían quedar imposibilitadas de ampliar su oferta o sumar vuelos chárter.

Aunque representa solo el 0.1% de la carga nacional, el transporte aéreo moviliza más de un millón de toneladas al año —las más sensibles al tiempo y al valor por kilo— que resultan esenciales para sectores como la manufactura avanzada, la farmacéutica y el comercio electrónico global.

Por eso, la disputa no es solo jurídica: es estratégica.

En una era donde las rutas de carga ya no se rediseñan por decreto, sino por diplomacia operativa, el consenso logístico se ha vuelto una condición estructural del desarrollo, pues no se trata solo de mover mercancías, sino de hacerlo con legitimidad compartida para que lleguen a tiempo a su destino.

Ante esta situación, ¿qué puede hacer México? Primero, negociar. El acuerdo bilateral permite consultas para evitar sanciones, y el gobierno mexicano aún puede corregir el rumbo sin desautorizar su política: basta con garantizar condiciones operativas equivalentes, publicar reglas claras y restaurar la reciprocidad que exige el tratado.

Segundo, corregir en los hechos. Si el traslado al AIFA es irreversible, debe demostrar que no implica discriminación logística: el acceso, la infraestructura y los costos para operadores internacionales deben ser comparables —o mejores— que en el AICM.

Y tercero, institucionalizar el aprendizaje. México necesita un marco que anticipe el impacto comercial de sus decisiones logísticas, con evaluación técnica, consulta sectorial y criterios de ejecución claros. No para pedir permiso, sino para que sus decisiones también generen confianza.

Por lo pronto, la sanción es probable, jurídicamente sustentada y forma parte de una estrategia de presión comercial.

En 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA) degradó a México a categoría 2 por razones técnicas; la recuperación tomó más de dos años. Hoy, la amenaza no viene de la FAA, sino del Departamento de Transporte. El precedente existe y el riesgo es real. Por eso, entender qué está en juego no es un asunto diplomático, sino logístico. Porque cuando el consenso falla, las rutas no se cancelan: se encarecen, se entorpecen o se desvían.

Para anticipar esos desvíos —y su impacto en el mercado industrial— visita SiiLA REsource o escríbenos a contacto@siila.com.mx.