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El sector industrial mexicano enfrenta una encrucijada energética: la creciente demanda de electricidad en regiones clave del norte y el Bajío, como Nuevo León y Querétaro, contrasta con la limitada capacidad de transmisión y transformación eléctrica del país. Sin una infraestructura adecuada y sin claridad regulatoria, la expansión de los parques industriales –columna vertebral del nearshoring– podría verse frenada y truncar el potencial de México como el hub industrial más importante de América Latina, advierte Jorge Arrambide Montemayor, socio senior del despacho Santos Elizondo y experto en derecho energético y regulatorio.
En los últimos tres años, el mercado inmobiliario industrial de México creció alrededor de un 21%, impulsado en gran medida por la inversión extranjera. Datos de SiiLA indican que cerca del 75% de las absorciones industriales son realizadas por empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y asiáticas. Este dinamismo coloca a México en una posición estratégica, pero su crecimiento sostenido depende de resolver los desafíos de su sistema eléctrico.
El sistema eléctrico en México puede entenderse como un tripié que depende de tres componentes clave: la capacidad de producción de energía, la infraestructura de transmisión y transformación, y el marco regulatorio que los articula. La producción genera la electricidad necesaria, la infraestructura física permite su transformación y transporte hasta los centros industriales, y el marco regulatorio define las reglas de operación y participación en el sistema. Si cualquiera de estas patas falla, el tripié se desbalancea, poniendo en riesgo el suministro confiable y asequible que el crecimiento industrial del país demanda.
Arrambide subraya que “el problema más inmediato y crítico” que enfrenta el sector industrial en México es que, aunque tiene capacidad de producción, no tiene suficiente capacidad de transformación eléctrica —medida en kilovoltamperios o kVAs— e infraestructura para transportar esa energía hasta donde se necesita. En consecuencia, los desarrolladores industriales enfrentan altos costos para asegurar derechos de demanda eléctrica —llegando a pagar hasta mil dólares por kVA— debido a la obligación de realizar onerosas obras de conexión y de refuerzo al sistema eléctrico, lo que eleva el costo de los proyectos.
“Podemos tener toda la generación del mundo lista para inyectar, pero si no hay capacidad de transmisión y transformación, no sirve de nada”. Para el experto en asesoría de empresas energéticas e inversión, aunque el gobierno está buscando resolver el problema, México está llegando a un “punto crítico” en el que, “si no se invierte o se hace algo, va a colapsar el sistema eléctrico nacional”. Sin embargo, Arrambide se muestra positivo, “ya que pinta a que ya lo entendieron y sí lo van a atender”.
México también enfrenta otro problema: la composición de su matriz energética, que depende en gran medida de combustibles fósiles. Para este año, al menos el 35% de la energía producida en México debería haber provenido de fuentes limpias. No obstante, en 2022 y 2023, esta proporción fue del 28.7% y 24.3%, según datos del IMCO.
La generación de energía limpia es indispensable para atraer a empresas globales comprometidas con objetivos de sustentabilidad. Hoy en día, "muchas empresas extranjeras buscan que entre un 60% y 80% de su consumo sea de energía limpia. Sin una diversificación suficiente hacia energías renovables, México corre el riesgo de perder competitividad frente a otros mercados que ya ofrecen una matriz más sustentable”, indica Arrambide.
Además de la falta de inversión en infraestructura de transmisión y transformación y la dependencia a combustibles fósiles en la generación, el especialista en regulación eléctrica menciona “cuellos de botella regulatorios” que afectan gravemente al sistema.
Existen dos problemas de fondo: el primero es que la transmisión y distribución de electricidad están reservadas exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), limitando la participación del sector privado en infraestructura clave y dificultando el desarrollo de una red más flexible y eficiente. El segundo problema es la falta de claridad y consistencia en las reglas del sector, que genera una sobrecarga regulatoria y prolongados tiempos de aprobación para nuevos proyectos. Esta combinación no sólo eleva los costos de inversión, sino que también introduce incertidumbre, lo que frena el interés de las empresas en un momento crítico para la expansión industrial en México.
Como indica Arrambide, el sector privado “podría adaptarse a cualquier cambio siempre y cuando las reglas sean claras y equitativas, pero la falta de certidumbre ha dejado en suspenso proyectos millonarios que serían esenciales para satisfacer la demanda energética del país”.
La presión de Estados Unidos y los compromisos del T-MEC añaden una dimensión estratégica a la crisis energética en México. Arrambide señala que el único contrapeso que México tiene para asegurar una política energética coherente podría venir del exterior, ya que Estados Unidos depende de un suministro eléctrico confiable y limpio en sectores clave como el automotor. Sin un cambio en el marco regulatorio y sin modernizar la infraestructura, México corre el riesgo de perder atractivo para las inversiones de empresas estadounidenses y canadienses, que buscan energía constante y limpia para operar en el país.
Recientemente, la CFE reafirmó su carácter de empresa pública o paraestatal, consolidando su operación bajo control gubernamental. Desde la reforma energética de 2013, aunque la CFE mantenía la exclusividad constitucional en la transmisión y distribución de electricidad, se le permitía celebrar contratos con el sector privado para apoyar estas actividades. Este esquema buscaba combinar el control estatal con la participación privada, fomentando inversiones y la modernización de la infraestructura energética. Sin embargo, la reforma aprobada recientemente eliminó esta posibilidad, consolidando el control exclusivo de la CFE sobre estas áreas estratégicas.
Si bien esta medida garantiza la estabilidad de la compañía y mejora su calificación crediticia en mercados internacionales al depender de un gobierno con solidez financiera y económica, también limita la participación del sector privado en áreas clave. Al reservar estas actividades exclusivamente para la CFE, la ley protege los intereses del Estado y obstaculiza la modernización de la infraestructura energética. Para Arrambide, esta disputa entre el sector público y el privado sigue siendo un punto de tensión que, si no se maneja cuidadosamente, podría ralentizar las inversiones necesarias para sostener el crecimiento industrial del país.
Frente a estos desafíos, el socio senior de Santos Elizondo sugiere que México puede estabilizar su sistema energético mediante asociaciones público-privadas y una regulación más ágil y clara. A través de estos acuerdos, el sector privado podría financiar y construir la infraestructura de transmisión y transformación que el país necesita, mientras que la CFE mantendría el control operativo. Esta colaboración permitiría modernizar y expandir la red sin perder el control estatal y sin romper la ley, al tiempo que se reducirían los costos de conexión para los desarrolladores industriales.
Para que México consolide su lugar como el hub industrial de América Latina, la modernización y fortalecimiento del sector energético no es solo una opción, sino una necesidad. Un suministro eléctrico confiable, reglas claras y una apuesta por energías limpias serán determinantes para mantener la competitividad y atraer inversiones que sustenten el crecimiento industrial del país.
En un contexto en el que el futuro industrial de México depende de decisiones energéticas críticas, contar con información confiable y oportuna sobre el mercado inmobiliario comercial es tan valioso como la propia infraestructura. ¿Quieres saber más sobre el desarrollo y desempeño del mercado inmobiliario comercial? Explora SiiLA REsource o escríbenos a contacto@siila.com.mx.











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